19/11/2026
La Ciudad fijó pautas para ordenar el delivery en CABA y evitar que la espera de pedidos obstruya veredas, rampas y accesos. Las pizzerías cuestionan que una ocupación irregular pueda vincularse con el local aunque no contrate al repartidor. La resolución no crea multas nuevas ni establece sanciones automáticas.
El conflicto por el delivery en CABA empieza antes de que salga el pedido. Si varias motos y bicicletas se concentran frente a un comercio, ¿a quién le corresponde ordenar la espera? La Ciudad exige que los locales organicen el retiro para no trasladar su operación a la vereda. La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) sostiene que los comercios pueden organizar el despacho, pero no controlar a quienes llegan enviados por una aplicación.
La Resolución 112/SECOU/26, publicada el 28 de octubre de 2026 en el Boletín Oficial porteño, establece criterios para ordenar la mensajería urbana y el reparto a domicilio en el espacio público. Aunque la discusión se concentró en la gastronomía, el alcance es más amplio: incluye operaciones de retiro y entrega de alimentos y otras mercaderías, tanto si las coordina el propio comercio como si interviene una plataforma digital. La medida se limita al uso de la vía pública y apunta a preservar la circulación peatonal y la accesibilidad, en especial en rampas, accesos y cruces.

El anexo establece que los comercios deben organizar la preparación, la espera y el retiro de pedidos dentro del local o mediante otra modalidad que evite la ocupación irregular de la vía pública. No exige que todos construyan un sector de espera: pide medidas razonables, acordes al volumen de actividad de cada establecimiento. También aclara que la falta de lugar adentro no justifica por sí sola ocupar la vereda. La distinción importa para los locales chicos: lo que se exige es organizar la operación, no disponer necesariamente de un salón para recibir repartidores.

La intervención de una aplicación no impide que los inspectores relacionen una ocupación irregular con el local donde se prepara o entrega el pedido. Para establecer ese vínculo, pueden considerar si los repartidores esperan pedidos de ese comercio, si su personal entrega mercadería o si hay indicaciones que convierten un sector de la vereda en un punto de espera. El hecho de que no exista un contrato directo con el repartidor no descarta esa relación. A la vez, comprobar el vínculo con el negocio no equivale a sancionarlo: hay que determinar si los hechos encuadran en una infracción.
APYCE sostiene que fiscalizar la vereda es una tarea del Estado y que un comercio no tiene facultades para mover una moto ni despejar una rampa. También señala que son las aplicaciones las que asignan pedidos y coordinan la llegada de los repartidores, por lo que reclama que asuman un papel mayor en la organización de la espera. Desde otro lugar, el Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (Sitrarepa) pidió que las plataformas financien bicicleteros y espacios de descanso. Los dos reclamos ponen el foco en quién puede resolver la espera entre la asignación del pedido y el momento en que está listo.

La Dirección General de Fiscalización quedó a cargo de los controles. Si en una inspección aparecen hechos que podrían constituir una infracción, corresponde labrar un acta o dar intervención a la autoridad competente, según el régimen aplicable. La resolución no fija montos ni reemplaza las sanciones previstas en las normas vigentes. Tampoco elimina la responsabilidad individual del repartidor por una infracción propia, por ejemplo, de estacionamiento. Para entender el alcance de un control, la pregunta clave es qué conducta se constató y a quién puede atribuirse, no simplemente si había motos o bicicletas frente al local.
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